domingo, 25 de octubre de 2009

Declaraciones y alegatos


graciela vidal (ucr) ex intendente de alto rio senguer

Declaraciones y alegatos




La imputada Sandra Suárez, en su declaración, sostuvo que en ningún momento participó de las irregularidades que están siendo juzgadas, ni dio su consentimiento para esa situación y que incluso la tierra sigue estando en posesión de Juan Prieto, su ex pareja.



Por otro lado, depuso como testigo la ex concejal, Juana Rojas, quien confirmó que participó de sesiones anteriores a las del tratamiento del tema y que el proyecto fue presentado por la ex intendente María Graciela Vidal y su equipo de Gobierno.



Entre otros aspectos señaló que ella misma le había indicado a Prieto que no podía votar la ordenanza debido a que existía una cesión de tierras a favor de Sandra Suárez -su pareja en ese momento-, pero el edil igualmente emitió su voto favorable.



También sostuvo que todos los beneficiarios por la ordenanza tenían ocupación anterior a excepción de Sandra Suárez, pero no con las denominaciones que aparecían en la ordenanza citando como ejemplo el caso de “Don Moisés.S.R.L”.



Por último aseguró: “el bloque de concejales oficialistas de aquel momento no había actuado de esa forma por torpeza o ignorancia, sino obedeciendo las iniciativas de la ex intendente”.



ALEGATOS



En los alegatos la querella consideró que estaban probados los hechos por los que fueron llevados a juicio los imputados. Así pidió 5 años de prisión para Graciela Vidal y 2 años de prisión para el resto de los acusados, a excepción de Suárez, para quien pidió la absolución.



Por su parte el fiscal Raúl Coronel también afirmó que están probados los hechos y entre otras cosas destacó: “para lograr el quórum que exigía la norma vigente participó y votó afirmativamente el concejal, Juan Héctor Prieto, quien luego resultaría beneficiario de la adjudicación que se resolvía con la ordenanza”.



También resaltó que quien resultara adjudicataria, Sandra Noemí Suárez, manifestó en la audiencia que nunca había solicitado esos terrenos y que nunca había realizado ninguna transacción con Prieto, sosteniendo que el imputado todavía mantiene la posesión de las tierras. En cuanto al pedido de la pena solicitó 6 años de prisión para María Graciela Vidal y Juan Héctor Prieto, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Para Adriana Martínez, Analicio Bustamante, Raúl Angel Martín y Ramón Argentino Soto solicitó una pena de 4 años de prisión, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Por último, pidió la absolución para Sandra Noemí Suárez.


fuente diario el patagonico

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