Piden seis años de prisión para una ex intendenta de Río Senguer

Maria Graciel Vidal (U:C:R) Ex Intendente de Alto Rio Senguer

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Viernes, 23 de Octubre de 2009 18:00

En la Cámara Primera de Comodoro Rivadavia tuvo lugar el juicio en una causa por administración fraudulenta, por una ordenanza sobre regularización de tierras en la zona de los lagos Fontana y La Plata, aprobada por el Concejo Deliberante de Río Senguer el 16 de noviembre de 2001. Fueron imputados la ex intendenta María Graciela Vidal (Unión Cívica Radical), Sandra Suárez, y los ex concejales Juan Prieto, Adrián Martínez, Analacio Bustamante, Raúl Martín y Ramón Soto.

Fiscalía sostiene que Vidal y los concejales incurrieron en administración fraudulenta agravada por tratarse de la Administración Publica. Y que abusaron de la autoridad violando los deberes del funcionario público. Pidieron para Vidal y Prieto 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para cargos públicos. Y requirió para Martínez, Bustamante, Martín y Soto 4 años de prisión con inhabilitación. Además, pidió la absolución de Suárez. El 29 de octubre se conocerá la sentencia.

Según la investigación, la intendente Vidal remitió al Concejo Deliberante un proyecto - luego aprobado como ordenanza 191/01- en el que hacía constar que los ocupantes de las tierras incluidas en dicho proyecto cumplían con los requisitos exigidos por las ordenanzas, a sabiendas de que no era así.

No se dio intervención a la Dirección General de Bosques y Parques ni a la Dirección de Catastro y Geodesia de la Provincia. Así, se señala que el Concejo aprobó la ordenanza sin tener los expedientes de cada beneficiario de la norma que procedían a sancionar.

Para lograr la sanción votó afirmativamente el ex concejal Prieto. Y una de las adjudicaciones del proyecto estaba vinculada a parcelas a las que inicialmente había accedido el edil y que mediante una maniobra de transferencia de titularidad colocó como adjudicataria a su pareja, Sandra Noemí Suárez.

Lo sabía

Para la Fiscalia, Vidal conocía las irregularidades del proyecto y aún así la promulgó. No conforme con lo actuado, continuó con su ilegal actividad procurando consolidar el fraude, suscribiendo convenios con los beneficiarios de la ordenanza, produciendo así perjuicio real a la Administración Pública, pues se intentó acordar derechos a quienes no lo tenían.

Sólo la imputada Suárez ofreció su testimonio y sostuvo que no participó ni dio su consentimiento para esta situación. A su turno declaró la ex concejal Rojas, quien indicó que el proyecto fue presentado por Vidal y su equipo de gobierno. Y que le había indicado a Prieto que no podía votar la ordenanza debido a que había una cesión de tierras a favor de Sandra Suárez -su pareja del momento-, pero el edil igual votó a favor. También sostuvo que todos los beneficiarios tenían ocupación anterior a excepción de Sandra Suárez, pero no con las denominaciones que aparecían en la ordenanza.

Nada torpes

Según Rojas, aquel el bloque de concejales oficialistas no actuó así por torpeza o ignorancia sino obedeciendo a la ex intendente. Y manifestó que algunos adjudicatarios compraron tierras a 45 pesos la hectárea y otros en sumas cercanas a los 3.000 pesos. Por su parte, la testigo Graciela Cigudosa indicó que en esa sesión especial no estaban los expedientes de las tierras y al pedirlos perdió la votación por 5 a 1.

La querella pidió menos

La querella consideró que estaban probados los hechos, detalló falencias e irregularidades de los expedientes y pidió 5 años de prisión para Vidal y 2 para el resto de los acusados.

Por su parte, el fiscal Raúl Coronel indicó que en la sesión del 16 de noviembre, sin ninguna discusión o tratamiento previo, el Concejo Deliberante de Senguer aprobó el proyecto remitido por Vidal, votando para lograr el quórum necesario los concejales imputados, con la disconformidad de Cigudosa.

Para dictar la ordenanza los concejales no tuvieron a su alcance ninguno de los expedientes de los beneficiarios. Y para lograr el quórum y aprobar la ordenanza, votó por el sí el concejal Prieto, luego beneficiario de la adjudicación que se resolvía con la ordenanza. También advierte que quien resultara adjudicataria -Sandra Suárez- nunca solicitó esos terrenos ni realizó ninguna transacción con Prieto, sosteniendo que el imputado aún poseía las tierras.

Así las cosas, para la Fiscalía esta probado que el 23 de noviembre de 2001 la ex intendente Vidal dictó el decreto Nº 07/01, que promulgó la ordenanza Nº 191/01, sin ningún control de legalidad, regularidad y legitimidad de la norma y a pesar del cuestionamiento de las concejales Cigudosa y Rojas.

La decisión fue de la ex intendente, acompañada por los concejales de su bloque en un acto de obediencia y no por torpeza o desconocimiento. En tanto que Prieto se prestó a la aprobación porque así conseguía la adjudicación de tierras. Los imputados estaban avisados de las irregularidades y se negaron siempre a revisar la situación y la ex intendente a no resolver el planteo administrativo de Rojas y Cigudosa.#

fuente diario jornada